tarifa. La Cámara de Cuentas de Andalucía denuncia –en un informe hecho público ayer– "numerosas deficiencias" en el control interno en el Ayuntamiento de Tarifa, durante el ejercicio 2001, así como las importantes "limitaciones" que se han producido para la realización del trabajo de fiscalización, lo que no ha permitido expresar una "opinión sobre los estados financieros".
La Cámara de Cuentas señala, además, que el Consistorio no hizo frente "a sus obligaciones de pago de cuotas a la Seguridad Social ni de retenciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria". Todas estas irregularidades se cometieron en 2001, siendo entonces alcalde Juan Andrés Gil.
El órgano fiscalizador, en la liquidación facilitada por partidas da por comprobado, en el estado de gastos, que las obligaciones reconocidas en tres artículos superan a los créditos autorizados, lo que ha provocado el incumpliendo del artículo 154.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), con las responsabilidades a que hubiere lugar de acuerdo con el artículo 169 del mismo precepto para el ordenador de gastos y pagos, al autorizar gastos sin crédito suficiente, y las determinadas en el artículo 140 de la Ley General Presupuestaria, por la infracción prevista en el artículo 141.1 c) del mismo precepto. Unas irregularidades que podrían conllevar una responsabilidad penal para el ex alcalde tarifeño.
Asimismo, la Cámara de Cuentas dice que las resoluciones que incumplen el artículo 154.5 de la LRHL podrían estar incursas en la nulidad de pleno derecho. Es decir, que podría suponer la nulidad de los contratos realizados en 2001 que afectan a terceros.
El órgano fiscalizador andaluz, respecto al personal, afirma que la plantilla del Ayuntamiento, que se aprueba el 20 de noviembre de 2000, incluye un total de 164 plazas de funcionarios, 10 de personal laboral y una plaza de funcionario de empleo; si bien la Cámara de Cuentas señala que no está aprobada la relación de puestos de trabajo en la que debe incluirse la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias y los requisitos exigidos para su desempeño, incumpliendo el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Además, apunta que no se ha podido conocer la vinculación jurídica que tenían con el Ayuntamiento, al menos, 17 colaboradores y tres vigilantes de barriada, a los que se les abonan retribuciones.
Sobre los gastos corrientes, el informe dice que el Ayuntamiento facilita una relación de contratos administrativos sin incluir dos que afectaban a gastos corrientes, mientras que los expedientes de contratación no estaban completos, lo que ha impedido analizar el cumplimiento de los preceptos de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Cámara indica que el Ayuntamiento no ha elaborado un estado de la deuda, "lo que ha impedido conocer el nivel de endeudamiento", al tiempo que las cuentas anuales facilitadas por la corporación "no reflejan correctamente las operaciones relacionadas con el endeudamiento".
Referente a las transferencias, la Cámara de Cuentas dice que no consta la justificación de las obligaciones reconocidas y pagos de la muestra auditada por importes de 539.347,70 euros (89,7 millones de pesetas) y 87.922,97 euros (14,6 millones de pesetas), respectivamente.
Asimismo, afirma que el Ayuntamiento contabiliza en la liquidación del presupuesto el reconocimiento de derechos y obligaciones del Patronato Municipal de la Juventud que, al carecer de presupuesto propio, se reflejaron en la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento. "El Consistorio contabiliza en la liquidación del presupuesto el reconocimiento de derechos que son ingresos no presupuestarios por importe de 450.759,08 euros (75 millones de las antiguas pesetas)".
La Cámara sostiene, además, que no se han facilitado por parte del Ayuntamiento justificantes de mandamientos de ingreso solicitados por importe de 2.212.978,57 euros (368.208.653 pesetas).
De otro lado, afirma que el Servicio Provincial de Recaudación informó que los ingresos realizados durante el ejercicio 2001 fueron superiores a los que indicó la Tesorería General del Ayuntamiento de Tarifa con una diferencia de, al menos, 599.929 euros (99,8 millones de pesetas). Además, "no existe ningún medio de control ni seguimiento de los derechos pendientes de cobro procedentes de los ingresos que recauda el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz".
El órgano fiscalizador también manifiesta que no ha sido posible determinar cuáles eran los fondos reales de la tesorería a finales del ejercicio.
Al mismo tiempo, la Cámara de Cuentas sostiene que la mayor parte de los ingresos procedentes de ingresos patrimoniales se deben al aprovechamiento derivado del corcho municipal. Sin embargo, la extracción del corcho se produce 31 días antes de la firma del contrato y ocho días antes del acuerdo plenario de adjudicación del aprovechamiento del corcho. Esto da a entender que el Ayuntamiento, con Juan Andrés Gil al frente, negoció de forma directa sin convocar un concurso y sin llevar a cabo la licitación pública.
El órgano fiscalizador dice, además, que se reconocen más derechos de los que se debieron reconocer por el aprovechamiento del corcho. Además, se contabiliza una recaudación de 628.414,27 euros (104.559.337 pesetas) por la enajenación del corcho de los que sólo se comprobó que se recaudaron 210.354,24 euros (35 millones de las antiguas pesetas). De ser así, el actual secretario general del PP tarifeño y ex alcalde podría haber incurrido en un delito de malversación de fondos.
En la relación de acreedores y deudores, en la cuenta 550 "Entregas en ejecución" se reflejan pagos a personal del Ayuntamiento o contratados por el Patronato Municipal de la Juventud, por 367.093,31 euros (61.079.187 pesetas) y de diversos gastos corrientes de 50.640,47 euros (8.425.866 pesetas), sin que se tenga conocimiento de la existencia de suficiente consignación presupuestaria, lo que ha provocado el incumplimiento del art. 154.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, se contabilizan obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados por importe de 7.764.269 euros (1.291.865,727 pesetas) y 1.316.751,41 euros (219.089.000 pesetas), respectivamente, que se corresponden a obligaciones pendientes de pago "que no tienen soporte documental que las justifiquen". Asimismo, la Cámara de Cuentas de Andalucía apunta que se contabilizan derechos pendientes de cobro por importe de 17.569.396,18 euros (2.923.301.552 pesetas) y 192.654,87 euros (32.055.073 pesetas), respectivamente, que corresponden a derechos contabilizados "sin soporte documental o a derechos pendientes de cobro por recibos de tributos sin identificación del tercero", según consta en el informe de fiscalización.
El congreso local del PP, celebrado el pasado fin de semana, designó a Antonio Jiménez como presidente y a Juan Andrés Gil como secretario general. Dos días después, el demoledor informe de la Cámara de Cuentas puede provocar una tormenta política, que puede acarrear consecuencias judiciales y políticas.El alcalde, el socialista Miguel Manella, expresó ayer su deseo de que el Tribunal de Cuentas de Andalucía actúe de oficio contra el anterior legislador municipal Juan Andrés Gil y el entonces edil de Hacienda, Antonio Jiménez, a tenor del informe de la Cámara de Cuentas. Manella quiso ser cauto hasta no estudiar al detalle el documento y convidó al día de hoy para pronunciarse al respecto. Sin embargo, el primer edil no pudo por menos que confirmar que las irregularidades que contempla este informe son "muy graves" y que de alguna manera se confirman los temores expresados por su grupo político en fechas atrás. En ese sentido, Manella dedujo que tanto Gil García como Antonio Jiménez tendrán que justificar ante la ciudadanía las irregularidades detectadas. El alcalde se mostró convencido de que el informe referente a la fiscalización del Ayuntamiento traerá consecuencias políticas y probablemente acciones judiciales contra los mandatarios que durante 2001 tenían responsabilidades de gobierno. Manella lamentó que la gestión municipal de los anteriores dos mandatos hayan sido noticia por irregularidades.
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Publicado:
Mie Mar 09, 2005 1:42 am
